La reunión lo empezó el consejero del CCL, Juan Quispe.
Habló sobre el Plan de Desarrollo de VES hacía el 2021, que fue aprobado por la
sesión de Consejo de acuerdo al criterio del alcalde sin tomar en cuenta las
propuestas del CCL-sociedad civil. Se tiene que tener en cuenta que los
Presupuestos Participativos tienen que estar en función del Plan de Desarrollo.
En el documento que circuló el CCL-sociedad civil específica
que la municipalidad, para el Presupuesto Participativo 2018, está de “Mejorar
la calidad ambiental urbana”, para ello se requiere construir grandes alamedas; la contrapropuesta del CCL-sociedad
civil era de a) Incrementar el Nivel de Seguridad Ciudadana. b) Mejorar la
infraestructura de servicios públicos (salud y educación). Como el CCL es un ente
consultivo (no tiene carácter resolutivo), la propuesta de la municipalidad se
aprobó en sesión de Consejo, donde el
alcalde Guido Iñigo tiene mayoría. Al alcalde Guido, no le interesa la
seguridad ciudadana, la salud y la educación de los vecinos, lo que le
importa es ganar de nuevo las elecciones
municipales del (2018), por eso apuesta por el cemento (alamedas) que tiene más réditos
electorales que lo otro. Asimismo, la
realización del proceso participativo 2018 va ser dividido, según la municipalidad
en 5 zonas. Es decir 2 sectores se van unir para conformar una zona. La
propuesta del CCL-sociedad civil era que el ámbito geográfico de VES sea divido
en 9 territorios (sectoriales).
Juan Quispe se queja que la municipalidad no le da los
informes solicitados (sobre los proyectos que se ejecutan). Vemos que el alcalde
hace caso omiso a la “Ley de Transparencia y el Acceso a la Información”.
Con respecto a la ejecución de la obras de Presupuesto
Participativo del 2017, Juan nos dice
que “no se realiza porque todavía la municipalidad no cuentan con el Expediente
Técnico”. Estamos llegando casi a medio
año y ¿no pueden elaborar el expediente técnico? Eso es desidia total. “Y así quieren aprobar el
Presupuesto participativo del 2018 sin haberse ejecutado las obras del
Presupuesto Participativo del 2017”, manifiesta Juan.
Juan Quispe, en su informe, como miembro CCLD, expreso su
fastidio contra las instituciones que tienen
que velar sobre la marcha de Presupuestos Participativo(PP) por ser
extremadamente burocrático, donde muchas veces los expedientes duermen el sueño
de los justos, asimismo hacer una denuncia a esas instituciones requiere tener
dinero y el CCLD no cuenta con presupuesto. “ la fiscalización y el control
social es tedioso, burocrático y costoso. Si vemos una anomalía en la ejecución
de una obra, para hacer la denuncia hay que probar. La denuncia tiene que tener
un sustento técnico, para ello se requiere contratar de un perito del Colegio
de Ingenieros y eso cuesta de tres mil a cuatro mil soles”, expreso Juan.
El miembro del CCLD habló sobre los agentes participantes
del Presupuesto Participativo, expresó que tiene poca capacitación en cuanto a
control y fiscalización. Mencionó de una ONG en Villa El Salvador que capacita alcaldes, presidentes
regionales, funcionarios, pero no capacita a los agentes participantes del PP.
Sobre la ONG, seguramente se refiere a
la ONG “Escuela Mayor” de Michel Azcueta. En buena hora que esa sugerencia de
Juan Quispe lo tome en cuenta. “En Villa El Salvador tenemos una ONG de un
señorcito que capacita alcaldes, capacita presidentes regionales, capacita
funcionarios. Entonces por qué la
institución no lo pone al servicio del pueblo y vamos auditar la
gestión, no solo de lejos se debe tirar la piedrita, la fiscalización debe ser
constante, no es oportuno” dijo Juan.
INTERVENCIÓN DE ROGER MURO
Como siempre, Roger Muro, al que considero como uno de los
intelectuales de la izquierda que parió Villa El Salvador tuvo una posición
acertada en su intervención en la audiencia del CCLD (Consejo de Coordinación
Local-sociedad civil).
Para que el CCLD no sea un convidado de piedra en el CCL,
donde participan tanto la municipalidad como los representantes de la sociedad
civil, debe de tener carácter resolutivo
y no ser solamente un ente consultivo. Si no fuera así, siempre las propuestas
de la municipalidad saldrán aprobadas de acuerdo a su criterio, pues esta
institución, en su Sesión de Consejo, son los que tienen la última palabra y no
el CCL.
Roger Muro también está en esa línea, por ello plantea la modificatoria de la Ley
Orgánica de Municipalidades, de esa manera el CCL no sea un ente decorativo en
lo referente a la participación vecinal, que hace hincapié la ley.
“De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades (LMO) los
presupuestos municipales y regionales son participativos, no dice que un
porcentaje del presupuesto municipal son participativos, quien define el
porcentaje (del presupuesto participativo) es el municipio. En Villa El
Salvador se designa seis millones para el Presupuesto Participativo y más de mil
millones ellos (la municipalidad) lo definen: Entonces tenemos que pelear por
modificar la Ley (LOM) que impide que
los acuerdos del CCL sean vinculantes. Sobre esto debemos una campaña de
movilización hasta lograr eso (que se modifique la LOM), si no modificamos la
Ley, con el Consejo que tenemos, donde los regidores dicen “Amen” a cada panfleto que llega, no vamos a resolver nada. En la reforma
municipal tenemos que coordinar con todos los distritos, porque es tema de
todos los municipios”, manifestó Roger Muro.
INTERVENCIÓN DEL DR. LUÍS PASTOR
En la audiencia del CCLD estuvo presente el Dr. Luis Pastor
de la organización “Iniciativa Ciudadana”. Recordemos Pastor fue el asesor
legal de los que apostaron en el 2011 por la defenestración de Santiago Mozo de
la alcaldía de la municipalidad de VES. Ahora se pone a disposición de los
vecinos que quieren hacer valer sus
reclamos sobre la ejecución de la obras del Presupuesto Participativo que el alcalde
Guido Iñigo no le da la gana de ejecutarlo.
Los dirigentes vecinales por falta de información no están
enterados de la instrumentos legales para obligar a Guido Iñigo a cumplir con
la ejecución de las obras del PP de los años 2012…2016. Salvo los dirigentes del S.2, Gr.17. quienes denunciaron a Guido Iñigo a la Contraloría
General de la República por Malversación de Fondos, pues incumplió en la
ejecución de las obras del PP del año 2013.
Pastor habló sobre qué hacer cuando un alcalde incumple con
la ejecución del Presupuesto Participativo, recomendó hacer uso de varios
instrumentos legales que está a la mano: Acción de Incumplimiento, El Tribunal
de Servicio Civil (TSC), OCI (Órgano de Control Institucional). El expositor
desarrolló brevemente cada uno de ellos. Cuando hablaba sobre la OCI, en el
auditorio se escuchó risas, burlas de
esa institución. Los vecinos no creen en la independencia de la OCI, lo
consideran como un apéndice de la municipalidad, pues el sueldo del encargado
de la OCI depende del alcalde, eso le quita autonomía.
ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO
“El Presupuesto Participativo al ser ratificado por el
consejo municipal, ahí estamos hablando de un instrumento jurídico, de un acto
administrativo, es más, de un acto de gobierno. Toda Resolución de Alcaldía,
todo Acuerdo de Consejo se debe de cumplir; si no se cumple se va a la Acción
de Incumplimiento (instrumento legal), mediante el cual se le pide al Juez de
que inicie un procedimiento de incumplimiento (de las obras del Presupuesto Participativo),
que es un proceso Sumario (forma abreviada en la que se llevan a cabo
determinados asuntos o casos que se consideran que tienen carácter urgente)”.
Dijo el abogado pastor.
TRIBUNAL DE SERVICIO SOCIAL
“Cuando la municipalidad no ejecuta un Acuerdo de Consejo de
esta naturaleza, el gerente municipal es el principal responsable de que se
cumpla el presupuesto Participativo, si no cumple vamos a solicitar en la vía
administrativa un proceso disciplinario
contra el Gerente, pidiendo la suspensión de tres meses. Entonces
obligatoriamente el jefe de personal de la municipalidad va a iniciar un
proceso administrativo sancionador, sin embargo el alcalde lo perdonaba y todo
quedaba en nada. Ese procedimiento era
antes, hoy la Ley ha cambiado. Ahora la primera instancia es la municipalidad,
la solicitud es muy simple que lo puede hacer cualquier ciudadano; la segunda
instancia es el Tribunal del Servicio Civil que es una institución autónoma e
independiente que si va sancionar al funcionario”, manifestó el abogado.
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI).
“Podemos recurrir al control interno de la municipalidad, la
OCI, que es independiente (entonces se escuchó risas y murmullo) entre comillas
dicen por ahí (por la incomodidad de los asistentes el abogado interrumpió
brevemente la charla). La OCI depende de la Contraloría (Contraloría General de
la República), los que ya no creen en su OCI pueden ir directamente a la
Contraloría”
