CCL es una farsa de participación vecinal, Villa El Salvador

Walter Montañez Vargas:

El Consejo de Coordinación Local (CCL) se constituyó como un espacio de “Concertación” entre las autoridades municipales y los representantes de la sociedad civil para ser posible un mejor desarrollo integral del distrito. Esto en el papel (Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades) está escrito, pero en la práctica es letra muerta.

El Sr. Jaime Zea, alcalde de Villa El Salvador (VES), para su segundo periodo, levantó la propuesta de “Concertación”, hasta ahora viene siendo incumplido. Esto se debe al temor que las organizaciones sociales, con la concertación, quieran participar en las decisiones de la gestión pública, planteando la cogestión municipal. Es decir, que el pueblo exija intervenir en la gestión administrativa del municipio: discutiendo las medidas a adoptar, definiendo prioridades y fiscalizando el quehacer del gobierno y de sus diversas direcciones administrativas, fijar el sueldo del alcalde, regidores, funcionarios y empleados, que son demasiados onerosos en VES.

La participación real, y no teórica, de los vecinos, contraviene, en la práctica, los principios ideológicos de los partidos de derecha (al cual pertenece el alcalde Jaime Zea, PPC). La derecha en el Perú se identifica, solamente, con la “Democracia representativa”, que es contraria a la “Democracia participativa”, por ello, apuesta por la atomización y dispersión del pueblo, que es el marco adecuado para gobernar verticalmente (autoritariamente), obviando la participación organizada de la sociedad civil. En los gobiernos con democracia representativa, como en el Perú, a la vez, que el pueblo está exento de participar, directamente, en la construcción de su destino (democracia participativa), se reduce al acto de votar cada 5 años (presidencial) y 4 años (municipal). Luego, los elegidos gobiernan de acuerdo a su criterio (como le venga en gana) y no toman en cuenta la opinión del pueblo organizado.

El CCL no es un espacio deliberativo (de acuerdo a Ley), si no es consultivo. En ese aspecto, depende del alcalde que los acuerdos tomados en el CCL tengan carácter resolutivo. Pero, como el CCL de VES no es afín a la gestión municipal, como sí lo fue el anterior, la municipalidad de VES no tiene la voluntad política de tomarlo en cuenta. Lo ignora.

Al respecto, el Sr. Serapio Tejeda, miembro del CCL –VES, manifiesta: “En la última reunión del CCL, donde participaron los 14 miembros representando a la sociedad civil, el alcalde y los 13 regidores, presentamos una propuesta alternativa a la modificatoria de la Ordenanza que regula el proceso del Presupuesto Participativo que quería hacer la municipalidad. Nuestra propuesta, que era la posición de la sociedad civil, no se aprobó a pesar que hacíamos mayoría con el apoyo de 3 regidores. El alcalde al verse en minoría en el CCL, la modificatoria de la ordenanza lo llevó a sesión de consejo para aprobarlo de acuerdo a su criterio. En la sesión de consejo, participaron, solamente, los regidores y el Alcalde”.

Como observamos, el gobierno municipal de Jaime Zea es autoritario, por no existir un contrapeso a su gestión, debido a la ausencia de los partidos políticos, que solamente se aparecen en las campañas electorales, y de contar con movimientos sociales débiles y fragmentados. Es por eso, el alcalde no gobierna en función del sentir de la población, si no en función de su criterio y/o de sus regidores. La municipalidad, solamente, ve al vecino como “Contribuyente”, que deben pagar sus tributos puntualmente, no interesándole como persona que pueda aportar con ideas y/o propuesta para el desarrollo del distrito.

Por lo expuesto, el CCL es un ente decorativo, con referente a lo que es “Participación Vecinal”. Para poder revertir esta situación, y hacer efectivo, realmente, la participación del vecino, es necesario conformar el “Bloque Social y Político” con un programa que sirva como un instrumento aglutinador y que se plantee la construcción de un proyecto social alternativo, donde se transfiera el “poder de decisión” al pueblo organizado (poder popular), para comenzar a solucionar, principalmente, los problemas estructurales: desempleo, educación, salud, delincuencia.